El paquete de leyes que quiere imponer el Gobierno Nacional esconde detrás una encubierta reforma constitucional, con pérdida de derechos y garantías, el avasallamiento al sistema representativo, republicano y federal de la Argentina, y la venta del patrimonio nacional.
Durante el desarrollo parlamentario en los plenarios se evidenció la conformación desproporcionada de las comisiones y prisa por avanzar en el debate, lo que genera, sin dudas, un cuestionamiento a la transparencia y participación democrática teniendo en cuenta el carácter de análisis que debe tener una modificación estructural de tal magnitud.
Asimismo, el amplio rechazo expresado por diversas entidades y organizaciones sociales de todo el país, da aún más relevancia al tono perjudicial de este paquete. Aquí dejo expresado un punteo con más razones por las cuales a esta propuesta la considero nociva para el país en su presente y en su futuro.
1. Otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo:
El proyecto no respeta las instituciones y la voluntad ciudadana expresada a través del voto: otorga al Presidente atribuciones que son propias del Congreso para decidir arbitrariamente en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética y sanitaria. Esto podría abrir la puerta a decisiones unilaterales, sin diálogo ni consensos.
2. Desmantelamiento del Estado y sus estructuras estratégicas para un desarrollo con equidad:
El abandono de la obra pública, entregándola a las voluntades de empresas privadas y a las reglas del mercado, compromete la implementación de políticas para eliminar asimetrías entre provincias, regiones y municipios.
3. Proyecto a la medida de sectores concentrados:
Está diseñado para beneficiar exclusivamente a los sectores más concentrados de la economía, en detrimento del bien común y en perjuicio de los sectores más vulnerables.
Pretende favorecer al poder económico mediante la reducción del impuesto al patrimonio (BBPP), un régimen de inversiones laxo, y medidas que podrían perjudicar a pymes e industrias. Además, contiene un carácter anticonstitucional al intervenir en facultades de provincias y municipios.
4. Impacto negativo en el federalismo:
Las privatizaciones y desregulaciones propuestas afectarán el desarrollo federal del país debilitando las economías regionales y restringiendo recursos para provincias y municipios. Esto impactará directamente en la salud, educación y seguridad de los argentinos.
5. Atenta contra Derechos Laborales:
Contempla una fuerte estigmatización del sector público limitando el derecho de libertad de expresión de los empleados, yendo en contra del principio de progresividad del derecho laboral y la estabilidad del empleado público consagrada en la Constitución Nacional.
6. Impacto en el Sistema Previsional:
La suspensión de la actualización automática de haberes jubilatorios y la privatización de acciones de empresas públicas afectarán al sistema previsional, comprometiendo el poder adquisitivo de los jubilados (el cual por la determinación del Gobierno perderán 20 puntos de sus ingresos), y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que plantea su liquidez a precios de remate. Este proceso sacrifica activos irrecuperables.
7. Retroceso en derechos asociados a la salud:
La Ley 27.611, conocida como Ley 1000 Días, diseñada para preservar la salud de niños, niñas y personas gestantes en los primeros tres años de vida, enfrenta amenazas significativas que comprometen su propósito. Los riesgos emergen en la protección integral de la salud y podrían desmantelar derechos y avances esenciales alcanzados en este ámbito vital.
Paralelamente, se contempla una reforma en la Ley de Salud Mental, introduciendo la posibilidad de presunciones sobre padecimientos mentales y adicciones. Esta modificación, en lugar de fortalecer los derechos y la autonomía individual, plantea un riesgo palpable al violar principios fundamentales de igualdad, libertad y seguridad personal, así como el derecho a vivir de forma independiente e inclusiva en la comunidad.
8. Retroceso en protección al consumidor:
La norma omite la relación asimétrica en la liberación de relaciones sociales, generando mayor desprotección y debilidad del consumidor frente a aumentos de precios y distorsiones en servicios públicos.
9. Ataque a la cultura y al ambiente:
El proyecto propone el cierre de organismos culturales y plantea derogaciones que amenazan la protección sobre glaciares, bosques, humedales y pastizales, generando preocupaciones sobre la protección de nuestros recursos naturales.
Estas medidas contradicen mandatos constitucionales que buscan preservar la identidad cultural y el equilibrio ambiental.
En conclusión, la Ley Ómnibus implica un retroceso histórico que desafía los principios democráticos y sociales de Argentina:
La aprobación de la Ley Ómnibus representaría un retorno a políticas aplicadas en momentos críticos de nuestra historia. El proyecto implica un conjunto brutal de regresiones, siendo ingenuo abordar su tratamiento título por título.
Esta Ley, de aprobarse, tendría consecuencias devastadoras para la democracia, el bienestar social y la protección de derechos fundamentales. La ciudadanía y diversos sectores expresan su rechazo contundente a este proyecto que, en lugar de impulsar el progreso, parece dirigirse hacia un modelo regresivo que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.