Cada año, la Argentina produce millones de toneladas de alimentos. De hecho, es el segundo exportador de maíz a nivel mundial y se ubica entre los primeros exportadores mundiales de productos agrícolas.
Por eso, en un país que tiene la capacidad de alimentar a varios estados superiores en materia poblacional, que haya ciudadanos argentinos que pasen hambre, es realmente triste e inadmisible. Peor aún es que el hambre esté provocado por las decisiones políticas de quienes hoy representan al Estado Nacional.
El escándalo por la retención de alimentos en el Ministerio de Capital Humano sigue ocupando importantes espacios en los medios de comunicación y es claro que la ministra Sandra Pettovello debe dar explicaciones.
Si bien desde el bloque de Unión por la Patria, a través de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, se solicitó su presencia en dos oportunidades para conocer la ejecución y el plan de distribución de los alimentos acopiados y fundamentalmente la política alimentaria pensada para nuestro país, la funcionaria permanece en silencio y no asiste al Congreso de la Nación.
La impericia de un Gobierno nacional dispuesto a abandonar por completo la idea de un Estado presente, deja a miles de familias sin alimento y a cientos de niños y niñas sin un vaso de leche.
Todo esto en un contexto en donde por falta de dinero 10 millones de chicos comen menos carne y lácteos en comparación al año pasado, 1 millón de niñas y niños dejan de comer alguna comida en el día, y en el 82% de esos hogares los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.
Ante este angustiante panorama, es imprescindible que el gobierno nacional cumpla con su deber indelegable de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía, tal como lo establece la Ley 25.724 de Seguridad Alimentaria, vigente desde el año 2002.
En este sentido, desde el Bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados también impulsamos la creación de un programa participativo, para superar la emergencia alimentaria nacional.
El Programa de Producción Social de Alimentos para la Emergencia Alimentaria Nacional, busca fomentar la creación de cinturones frutihortícolas en la periferia de las ciudades con destino al abastecimiento local.
También asistir a los pequeños productores y a los agricultores familiares frutihortícolas para consolidarlos como proveedores de alimentos frescos y garantizar su arraigo en la periferia de las ciudades, y asimismo garantizar la producción y comercialización de cercanía de frutas y verduras con destino a abastecer los mercados locales en general y a paliar la emergencia alimentaria en particular, con alimentos saludables.
Además, junto a más de 40 diputados y diputadas impulsamos y adherimos al proyecto de ley para que se disponga un incremento de emergencia no inferior al 0,5% del Producto Bruto Interno para el Sistema Alimentario Escolar (SAE), con el fin de poder garantizar que no se reduzcan ni la cantidad de prestaciones ni la calidad del servicio en todo el país.
El proyecto, que busca definir un piso mínimo de inversión por parte del Estado Nacional para el refuerzo del Servicio Alimentario Escolar, pretende fortalecer el federalismo en materia de formulación e implementación de políticas alimentarias dirigidas a la población escolar, garantizando una distribución equilibrada y federal de los recursos considerando las desigualdades objetivas respecto de cada región.
No existen excusas para el daño que se ha provocado. Es urgente atender las problemáticas de nuestro pueblo, sobre todo cuando se trata de una necesidad tan básica como el alimento.